Hacia una gobernanza multiactor

Las políticas, la rendición de cuentas y las capacidades institucionales de todos los actores relevantes son factores habilitadores cruciales para lograr una transición energética justa. La capacidad institucional incluye la calidad del liderazgo y la experiencia técnica, así como los compromisos, sistemas y recursos para establecer objetivos e implementar acciones para alcanzarlos.^{[1]USAID, 2013, Institutional Capacity Assessment Tool: G2G Education Toolkit} Estos están respaldados por marcos legales y organizacionales y deben coordinarse eficazmente entre los interesados, gestionar intereses contrapuestos, hacer cumplir las regulaciones, innovar y adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades.^{[2]World Bank Institute, 2011,Institutional Capacities and Their Contributing Characteristics for Institutional Diagnostics, Program Design and Results Management}

En última instancia, el sector público establece las reglas y determina el paradigma de descarbonización de un país y los modos de implementación. Las agencias gubernamentales a todos los niveles deben, por lo tanto, estar adecuadamente dotadas de recursos y capacitadas para guiar las transformaciones del sistema energético —y sus efectos secundarios en otras partes de la economía y la sociedad— de manera justa. Crear un sistema institucional público funcional que pueda guiar la acción y exigir rendición de cuentas requiere varios bloques clave, entre ellos:

Marcos políticos y regulatorios: Definen los objetivos, medios y ritmo de la transición energética a nivel nacional y subnacional. Las políticas incluyen subsidios, controles de calidad y sanciones, estándares y directrices para orientar la inversión hacia la energía renovable, facilitar la provisión de factores clave de producción (tierra, agua, mano de obra cualificada, etc.) y mitigar los impactos sociales y ambientales.

Recursos adecuados para la toma de decisiones: Se requieren poderes decisionales y recursos humanos y financieros adecuados para el desempeño efectivo de las instituciones relevantes para el sector. Esto incluye entidades de planificación que traducen los objetivos políticos generales en decisiones específicas sobre asignación espacial, sectorial y de recursos. También abarca instituciones de rendición de cuentas, como tribunales, defensores del pueblo, estructuras de derecho a la información y organizaciones de derechos humanos y anticorrupción que supervisan y hacen cumplir las reglas, asegurando el cumplimiento de los compromisos sociales por parte de las empresas y el gobierno.

Mecanismos de coordinación efectivos: Se necesitan mecanismos de coordinación entre diferentes esferas y sectores del gobierno para integrar las políticas ambientales y socioeconómicas y garantizar la coherencia nacional, regional y local. Mecanismos como comisiones interministeriales y grupos de trabajo conjuntos pueden promover la coordinación, convocar diálogos y promover la transferencia de conocimientos entre agencias y jurisdicciones. Lo ideal son plataformas de coordinación que sincronicen las contribuciones de otros sectores, así como del gobierno, sector privado, sociedad civil, trabajo y academia.

Los gobiernos de todo el mundo enfrentan el desafío de transformar los sistemas energéticos nacionales y regionales en un contexto en constante cambio e innovación tecnológica, objetivos políticos en competencia e intereses económicos. Una transición justa se facilitaría enormemente si las políticas nacionales incluyeran la justicia como un elemento central de la transformación del sistema energético y los correspondientes indicadores se incorporarán en leyes, presupuestos, decisiones de personal y desarrollo de capacidades. Por ejemplo, los mecanismos de elegibilidad para subastas y los criterios de adjudicación pueden ir más allá del precio e incluir criterios de desarrollo social y económico, como el apoyo a programas de capacitación para la fuerza laboral local, el fortalecimiento de cadenas de suministro locales, evidencia de análisis de riesgos sociales, planes de comunicación que detallen métodos para involucrar a actores locales, y planes de monitoreo y evaluación.

La industria de energías renovables experimenta desafíos políticos y sociales a nivel mundial que están configurando la manera de hacer estos negocios. A diferencia de la minería, el petróleo y el gas, el sector de energías renovables aún está desarrollando sus modelos y estándares de desempeño social, incluidos los sistemas de gestión para riesgos sociales y el reparto de beneficios.

Se requiere más trabajo y esfuerzo para establecer estructuras y capacidades de liderazgo corporativo que aseguren el cumplimiento de estos modelos. Un factor habilitador importante para la transición a las energías renovables es la madurez de las prácticas corporativas de desempeño social. En este sentido, las capacidades tienden a existir de manera aislada dentro de las empresas, en el lugar de trabajo o en pequeños equipos en la sede corporativa, con un apoyo, supervisión y recursos limitados.

El sector privado necesita adoptar una perspectiva a largo plazo. En promedio, los contratos de compra de energía entre las empresas de energías renovables y los compradores (gobierno, empresas de energía, otros usuarios del sector privado) son de alrededor de 20 años, lo que convierte a los proyectos de energías renovables en actores económicos a largo plazo en las comunidades en las que operan. Tales plazos de décadas requieren que los productores adopten una visión a largo plazo de su entorno empresarial para apalancar una transición justa y la viabilidad de su negocio.

La base de la responsabilidad social es una cultura y mentalidad empresarial intencional con una visión holística y a largo plazo del desempeño social. Este enfoque incluye una estimación completa de costos e incentivos de desempeño alineados con resultados de desempeño social a largo plazo. El objetivo es proporcionar una justificación económica para integrar sistemáticamente la inversión comunitaria para el desarrollo socioeconómico en la planificación empresarial. Los beneficios incluyen comunidades estables y prósperas alrededor de sus plantas, con una menor probabilidad y riesgo de acciones de protesta, y una mayor probabilidad de proveedores y personal capacitados y confiables.

Los incentivos organizacionales y los sistemas de recompensa también son importantes, en los cuales la excelencia en el desempeño social se considera tan fundamental para el éxito como el diseño de ingeniería o la gestión de personas y financieros. En una industria global donde muchos de los clientes de las empresas de energías renovables son gobiernos de economías emergentes, la capacidad y el historial de una empresa de energías renovables no solo en proporcionar energía limpia y renovable, sino también en hacerlo de manera socioeconómicamente justa, pueden convertirse en una ventaja competitiva y un diferenciador en la industria.

Los proyectos socialmente justos se co-diseñan e implementan con las comunidades locales. Este enfoque depende de la capacidad de las comunidades para auto-organizarse a través de estructuras auténticamente representativas; absorber y gestionar grandes cantidades de información técnica y legal; y articular y promover sus intereses colectivos. El capital social necesario para estas tareas es considerable, y las comunidades varían en términos de cohesión y formas de asociación. Las comunidades son heterogéneas, y dentro de ellas existen experiencias interseccionales de exclusión y discriminación. Incluso cuando la ley nacional exige una planificación y toma de decisiones participativas, los más marginados pueden no tener el tiempo o el estatus social para acceder equitativamente a las oportunidades de participación. Las estructuras de consulta y gestión de proyectos que no consideran esta realidad pueden exacerbar las vulnerabilidades y avivar conflictos.

Cuando los actores externos se involucran con las comunidades, es importante evitar la construcción de estructuras paralelas, comenzando por identificar, entender y apreciar las instituciones locales y construir sobre estas. Los grupos basados en medios de vida o en fe y las organizaciones de ahorro y préstamo mutuo son ejemplos de la capacidad comunitaria para la acción colectiva, aunque estos pueden necesitar fortalecimiento. Un mapeo adecuado de los actores es la base para un apoyo a medida que consista en varios elementos institucionales, además, del apoyo técnico, incluyendo planificación y gestión del desarrollo comunitario; conceptualización y gestión del proyecto, cumplimiento de responsabilidades fiduciarias; y habilidades de liderazgo, negociación y construcción de consensos.